El domingo 1 de marzo se celebran elecciones en el Reino de Galicia (reducido a comunidad autónoma por la Constitución de 1978) y en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (forzadamente unificadas en otra comunidad autónoma por la misma Constitución).

A dichas elecciones no concurre ninguna candidatura que resulte aceptable, no ya para los tradicionalistas, sino para cualquier católico consecuente, ni para cualquier gallego o vasco que desee tener un futuro digno en su tierra.

El proceso en curso —de por sí ilegítimo— está, además, viciado por la normativa electoral vigente, ejemplo de totalitarismo, incongruencia y corrupción legalizada. Asunto agravado en el caso de las Provincias Vascongadas, donde la diáspora vasca —cerca de trescientas mil personas que han tenido que abandonar su tierra por la persecución nacionalista— se ve privada de sufragio activo y pasivo. Asunto que, sumado a la permanente presión terrorista, invalida de antemano cualquier resultado electoral, y convierte en insostenible la apariencia de legalidad que intenta mantenerse por parte de quienes detentan el poder.

En el Señorío de Vizcaya se presenta una candidatura bajo la denominación «EKA – Partido Carlista», que nada tiene que ver con el Carlismo, con sus gentes ni con sus principios.

No procede, pues, ejercer el voto el domingo 1 de marzo. Abstención